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CARACAS (Reuters) - El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela informó el lunes que ratificó una antigua sanción impuesta a la telefónica CANTV, por el regulador de la telecomunicaciones en el país, por incumplir una cláusula de su contrato de concesión.
La máxima corte dijo que declaró sin lugar la nulidad solicitada por la compañía, controlada por la estadounidense Verizon, después de que en 1994 fuera amonestada.
La estatal Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) sancionó a CANTV por elegir en forma directa a un proveedor sin examinar otras propuestas, como establecía su contrato con el Estado.
La corte “declaró sin lugar el recurso de nulidad interpuesto (…), contra la providencia administrativa dictada por el director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), confirmando de esta forma la sanción de amonestación pública prevista en la Cláusula 31, literal A del Contrato de Concesión suscrito,” dijo en un comunicado.
La cláusula 15 del contrato estipula que, para promover la competencia en el país, por cada adquisición cuyo precio superara los 300 millones de bolívares, la firma debía establecer un proceso para examinar diferentes ofertas sin discriminar entre los postulantes.
La sanción consistía en la publicación en dos periódicos de circulación nacional de la amonestación. Dos infracciones sancionadas con amonestación pública en el lapso de un año daría lugar a la imposición de una multa, según el contrato de concesión.
CANTV dijo que no emitiría comentarios sobre la sentencia.
El TSJ dijo que la firma GTE Supply recibió más de 200 érdenes de compra en el año 1992. CANTV dijo entonces que podía demostrar que eran las mejores ofertas y que fueron escogidas con un procedimiento de emergencia notificado a Conatel.
Sin embargo, la corte determinó que dicho procedimiento no fue informado al regulador.
Además la firma alegó que Conatel debió verificar la ocurrencia de los hechos contemplados como infracciones al contrato y que éstos fueran el resultado de una conducta negligente o intencional.
NUEVO REVES
El TSJ explicó que sustentó su decisión en que aunque en todo negocio se pretende el lucro particular, siempre prevalece el “interés general del pueblo.”
“Si bien el hecho de que la concesionaria se encontrara en situación de emergencia, podía eventual y temporalmente eximirla del cumplimiento de sus obligaciones contractuales; sin embargo, tal circunstancia no quedó probada en el expediente administrativo ni en el decurso del presente procedimiento de nulidad,” acotó.
La firma se ha visto perjudicada por algunas decisiones de las autoridades locales. El año pasado el TSJ le ordenó homologar las pensiones de todos sus ex trabajadores al salario mínimo del país, lo que la firma dijo afectó sus finanzas.
Aún la operadora, líder en telefonía fija y acceso a internet de la nación, espera que una corte determine el pago del retroactivo por trabajador de esa decisión.
El propio presidente Hugo Chávez se involucró en el asunto al amenazar nacionalizar la compañía si no cumplía con sus ex trabajadores.
La firma está a la espera de que reguladores locales aprueben una Oferta Pública de Adquisión (OPA) lanzada por las mexicanas AMérica Móvil y Telmex, como parte de un acuerdo para comprar los activos de Verizon en América Latina.

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